De las palabras a los hechos

De la mano del juez Baltasar Garzón, como director del curso, con la coordinación de Dolores García Hierro, miembro del Consejo Asesor de Infomedio, y la dirección académica de quien suscribe se ha puesto en marcha un grupo de reflexión que, con el consenso de todos los ponentes, ha elaborado el Manifiesto de Torres "De las palabras a los hechos", en el que se llama la atención sobre el deterioro del medio ambiente y la necesidad de buscar soluciones adecuadas para mitigar sus efectos. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert es Catedrático de la Universidad de Jaén. Fue Director académico del Curso "Cambio Climático, Energías renovables. Hacia un nuevo modelo energético".
Se señala que, atendiendo al principio de precaución y a las evidencias constatadas, se hace necesario disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ante el hecho de que están produciendo en gran medida el calentamiento global, modificando aceleradamente la tendencia natural de la evolución del clima. En este sentido, el Manifiesto expresa las responsabilidades que debe asumir la Comunidad internacional. En efecto, los miembros de la Comunidad Internacional han establecido un marco jurídico en el Protocolo de Kyoto con el fin de responder al problema del cambio climático en el que han participado 192 Estados y la Unión Europea.

Sin embargo, han sido los países y economías más desarrolladas, las que con una utilización intensiva de energía obtenida de la quema de combustibles fósiles han generado un salto cuantitativo en la concentración de CO2 atmosférico y los que siguen contribuyendo, de manera más decisiva, al aumento de esa concentración. Ellos son los que tienen el conocimiento científico, las herramientas tecnológicas y la capacidad económica para poner freno, en primer lugar, a sus propias emisiones, y, en segundo lugar, para proponer a las economías emergentes y sin desarrollar un modelo de desarrollo limpio, que no siga la senda ya agotada de potenciar sus economías con energías tradicionales.

El Protocolo de Kyoto ha supuesto un primer paso en esa dirección, al asumir los países firmantes su cuota de responsabilidad e iniciar la búsqueda de una solución con un recorte medido de las emisiones. No obstante, a estas alturas, España, incumple de forma severa el Protocolo, aún habiendo acudido a los mecanismos de flexibilidad, previstos en el mismo, sobre sumideros y mecanismos de desarrollo limpio (MDL).

En el Manifiesto, y a lo largo de todo el Curso, los ponentes y asistentes al mismo han llamado la atención sobre la necesidad de plantear propuestas de futuro. En la ejecución del Plan de Acción de Bali, sobre los preparativos de Kyoto-2, se señala que será necesario adoptar las medidas imprescindibles que nos lleven al ahorro de energía y a un incremento sustancial de energías renovables.

En España se hace necesario el desarrollo de una legislación al respecto, como, por ejemplo, una Ley de energías renovables y ahorro y eficiencia energética, a la par de los consecuentes desarrollos normativos y reglamentarios que hagan efectiva la participación ciudadana en estas materias.

Se propone que se incentiven los ahorros y se penalicen los derroches energéticos, así como, promover acciones en las diversas administraciones del Estado, desde el Gobierno de la Nación hasta el municipal, con el fin de que se doten de las capacidades y de las infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos de ahorro, ya sea con planes de movilidad sostenible, con mejoras en las condiciones de aislamiento y equipamiento energético en las viviendas, con formas más eficaces de producción, gestión y servicio que alcancen los objetivos de ahorro señalados. En este sentido, será la Administración del Estado quien deberá ser la primera en dar el ejemplo de estas "buenas prácticas energéticas" que sirvan como un modelo de comportamiento responsable para el uso de la energía en el sector público.

Naciones Unidas, en el artículo 1 párrafo segundo de su Convención sobre Cambio Climático indica que "se entiende por cambio climático a una alteración del clima provocado directa o indirectamente por la actividad humana que altera la composición de la atmósfera del planeta" por lo que, con razón, se sospecha que junto a la variabilidad natural del clima, la acción incontrolada de las emisiones de CO2 están produciendo un calentamiento acelerado del planeta.

Tengamos en cuenta que durante el pasado siglo XX los principales gases causantes del calentamiento global producidos por la quema de combustibles fósiles han aumentado notablemente: el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera ha aumentado un 25%, el nivel de óxido nitroso un 19% y el nivel de metano un 100%.

Desde 1900 la temperatura media de la superficie de la Tierra ha subido entre 0.3 y 0.6 grados centígrados. Se calcula que para el 2100 habrá subido hasta 3.5 grados centígrados, lo que constituye un cambio de temperatura comparable al que se produjo desde la última era glacial hasta hoy.

El derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares podría causar un aumento del nivel del mar de hasta un metro para el 2100. Quedarían sumergidas naciones enteras y se alteraría radicalmente el mapa mundial. Por ejemplo, recientemente, en la prensa se publicaba la alarmante situación de la República de Kiritabi, un estado archipelágico de 33 atolones cercano a Australia que se calcula que desaparecerá en 50 años por la subida del nivel del mar (ya fue advertido por las Naciones Unidas en un Informe elaborado en 1989) y su presidente Anote Tong busca dónde alojar a sus 105.000 ciudadanos y sólo Nueva Zelanda se ha comprometido a darles asilo. Dos de sus islas, Tebua y Abanuea ya han desaparecido bajo las aguas.

Sin querer resultar alarmantes, los científicos nos alertan de que el mundo debe rebajar sus emisiones de gases invernadero entre un 50% y un 70%, con el fin de estabilizar el actual nivel de gases de la atmósfera, sin embargo los estudios que se han realizado indican que estos gases causantes del calentamiento global seguirán aumentando en las próximas décadas.

Con estos datos en la mano resulta indudable la oportunidad de este Curso sobre Cambio climático que acabamos de celebrar en la villa de Torres. Máxime si tenemos en cuenta que han acudido, por señalar sólo algunos ejemplos, Juan Verde, Director de la campaña de Al Gore, Carlos Bravo o Juan Antonio López de Uralde de Greenpeace, Miguel Tesconi, Presidente de Citelum, Álvaro Martínez Sevilla, experto en energías renovables de la Universidad de Granada, María José Asensio Coto, Directora General de cambio climático y medio rural de la Junta de Andalucía, Antonio Vercher de la Fiscalía especial de urbanismo y medio ambiente, Domingo Jiménez Beltrán del Observatorio de la biodiversidad, Antonio Baena, Socio-director del área de Medio ambiente del Despacho Garrigues, Manuel Rubio, Director de desarrollo en África del Programa Acciona Agua, Juan López Subdirector de planificación educativa del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, Pedro Castro, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Manuel Molina, Alcalde de Torres, Pedro Alejandro Ruiz, Catedrático de estratigrafía de la Universidad de Jaén o José Juste Ruiz, Relator del Manifiesto y Catedrático de la Universidad de Valencia. El curso fue inaugurado por Cinta Castillo Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y clausurado por Pedro Marín Uribe, Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Debo señalar que este año, los Cursos de verano de la Universidad de Jaén en Torres han agregado un curso más al modelo tradicional. Junto al que acabo de señalar, finalizado éste y sin solución de continuidad se ha inaugurado el segundo curso sobre "Inmigración e integración" con Baltasar Garzón como director, Dolores García Hierro como coordinadora y Felipe Morente como director académico. Ha sido inaugurado por los ministros Pérez Rubalcaba y Corbacho Chávez y clausurado por Moratinos Cuyaubé. El panel de invitados ha sido también impresionante donde a modo de ejemplo destacaría a Cándido Méndez de UGT, Alfonso Pérez-Agote, Catedrático de Sociología, Gema Martín Muñoz Directora de la Casa Árabe, Diego de Ojeda, Director de Casa Sefarad Israel, Julio Ruiz de CCOO, Juan Cano, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Fernando Reinares del Instituto Elcano, Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu o Santiago Pedráz magistrados de la Audiencia Nacional, Javier Elorza Secretario General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gloria Esteban de la Rosa del Observatorio de la inmigración de la Universidad de Jaén o Gil Arias Director adjunto de Frontex.

Estos cursos se unen a los ya realizados en años anteriores (2006:"Derecho Humanitario y Conflictos Armados"; 2007: "Seguridad Internacional y Crimen Organizado") y con los que se ha afianzado la calidad y la permanencia de los mismos, motivo de satisfacción para la Universidad de Jaén y para quienes contribuimos a la realización y consecución de los mismos.

Finalmente, querría señalar, como indica el Manifiesto, que "un cambio en el modelo energético requiere un cambio cultural y educativo de los ciudadanos que usen esa energía y, también, la educación en los valores de la sostenibilidad, del ahorro de recursos naturales, especialmente de los recursos energéticos, de cuidado con el medio natural y de comprensión de los efectos de sus pautas de comportamiento y de consumo". Este cambio, para que sea efectivo, ha de ser gradual, debiendo comenzar por los más jóvenes, en la escuela y en los hogares con materias como Enseñanza para la ciudadanía y otros medios pedagógicos específicos, que puedan implantarse, con el fin de que el cambio de valores se expanda al resto de la sociedad, con difusión pública y erradicación de las malas prácticas ya que de ello depende nuestro futuro. No olvidemos que "El planeta Tierra no es algo que hemos heredado de nuestros padres sino algo que hemos tomado prestado de nuestros hijos".

INFOMEDIO agradece a Juan Manuel de Faramiñán Gilbert por su colaboración

MANIFIESTO DE TORRES (ESPAÑA) "DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS"

Los participantes en el "Foro por el cambio climático, energías renovables; hacia un nuevo modelo energético", celebrado en la ciudad de Torres (Jaén) los días 28 al 30 de julio de 2008, a la luz de las ponencias y discusiones presentadas acuerdan la siguiente declaración sobre el Cambio Climático, el modelo energético y el papel en el mismo de las energías renovables:

I.- El Cambio Climático

Atendiendo al principio de precaución y a las evidencias constatadas se hace necesario disminuir drásticamente las emisiones de GEI ante el hecho de que estén determinando en gran medida el calentamiento global, modificando aceleradamente la tendencia natural de la evolución del clima.

Consideramos conveniente que ante la escasez de recursos, y con vista a una utilización adecuada de los mismos, se destinen los recursos económicos y humanos necesarios, con el fin de desarrollar proyectos de mitigación de los efectos del Cambio Climático en aquellas áreas y sectores más vulnerables: la gestión adecuada de los recursos hídricos para el abastecimiento humano y el uso agrícola, la lucha contra la desertificación y la erosión de los suelos, los riesgos climáticos…

II.- Las responsabilidades

Los miembros de la Comunidad internacional han establecido un marco jurídico para responder al problema del cambio climático en el que participan 192 Estados y la Unión Europea; es importante que ningún Estado se excluya de los esfuerzos colectivos para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero llevados a cabo en aplicación del protocolo de Kyoto;

Han sido los países y economías más desarrolladas, las que con una utilización intensiva de energía obtenida de la quema de combustibles fósiles han generado un salto cuantitativo en la concentración de CO2 atmosférico. Y los que siguen contribuyendo de manera más decisiva al aumento de esa concentración. Ellos son los que tienen el conocimiento científico, las herramientas tecnológicas y la capacidad económica para poner freno en primer lugar a sus propias emisiones, y en segundo lugar para ayudar a las economías emergentes y sin desarrollar a tener un modelo de desarrollo limpio, que no siga la senda ya agotada de potenciar sus economías con energías tradicionales.

El protocolo de Kyoto supuso el primer paso en esa dirección, al asumir estos países su cuota de responsabilidad e iniciar su solución con un recorte muy medido de emisiones. La UE, como unión económica, política y de valores ha pretendido siempre ejercer en esta materia una labor de liderazgo mundial aceptando recortes de emisiones del 8 %, por encima de la media mundial del 5,2 %, e interiorizando que esto suponía no sólo un reto ambiental, sino también uno económico, que daría lugar a una dinamización de sus economías y a una mayor innovación y modernización tecnológica.

El nuevo Tratado de Lisboa de la Unión Europea recoge un apartado específico de lucha contra el Cambio Climático, la exclusión social y la pobreza, que habrá que desarrollar en los próximos años. Dentro de la UE, el reparto de cargas se hizo de forma diferenciada, atendiendo al desarrollo diferenciado de algunas economías, medido por su PIB/habitante, y a la estructura energética, altamente dependiente del carbono o con poca dependencia de él. El caso de España muestra una concesión en ese terreno al permitir aumentar nuestras emisiones hasta el 15 % con respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012. Sin embargo la economía española ha transitado desde la ratificación del protocolo por la UE en 1998 por un camino de incremento continuado de emisiones que la ha llevado a finales de 2007 a superar en el 52,3 % de incremento las emisiones con respecto al año base de 1990. A estas alturas España probablemente incumple de forma severa el protocolo, aún acudiendo a los mecanismos de flexibilidad previstos en el mismo sobre sumideros y MDL. Sólo queda pues, pagar por ello, mediante la compra de derechos de emisión de terceros países, algo que puede suponer cerca de 4.000 millones de euros, y que tendrá que soportar nuestra economía.

Éste sin embargo no puede ser un horizonte satisfactorio para nuestro país, no sólo por el incumplimiento de un tratado internacional firmado y el coste económico del mismo, sino porque el papel de país en el grupo de cabeza de la UE se verá seriamente comprometido en el terreno ambiental y energético, más aún teniendo en cuenta lo incoherente de nuestra posición actual con la abundancia de recursos renovables en territorio español.

Sólo nos queda pues una opción: cumplir -aunque sea retrasadamente- con el protocolo de Kyoto, y hacer un gran esfuerzo nacional por estar en la cabeza del cumplimiento y del liderazgo energético en el siguiente reto: Kyoto-2. Tenemos los recursos financieros suficientes en el tejido empresarial del país, la tecnología adecuada, o en un punto de desarrollo conveniente, y los recursos renovables necesarios para abordar esta tarea.

De este esfuerzo sólo pueden derivarse cambios de modelo energético y añadidamente de modelo económico. Una economía energética más dinámica, con un alto grado de innovación y capacidad transferidora de tecnología y exportadora de equipos, productos e ideas. Una economía menos dependiente de recursos y yacimientos agotables y más sostenible, que debe ser menos sensible con respecto al empleo y a la producción que lo es la actual, afectada por la crisis económica mundial, uno de cuyos vectores principales es la crisis energética.

En el terreno de las energías renovables se encuentra una nueva oportunidad de negocio para la economía española. Para poder ejercerla consecuentemente necesitamos estar también en una posición de liderazgo en el terreno de los compromisos ambientales ante el Cambio Climático.

No solo el gobierno de España debe ser responsable de el sobreesfuerzo del cumplimiento de Kyoto. Dado que buena parte de las emisiones provienen de sectores difusos, como el transporte, o el sector residencial, con competencias transferidas en las Comunidades Autónomas, y que aquellas que provienen del sector de la generación eléctrica, aunque sujetos a autorización y planificación estatal, cuentan con corresponsabilidad de algunas Comunidades, según sus reformados estatutos de autonomía, y con competencias transferidas en algunos campos, como el de las energías renovables en otras, es necesario por tanto una implicación de estas, una corresponsabilización, en el cumplimiento de Kyoto. Mediante la vía de la regionalización de emisiones, con aplicación de criterios análogos a los utilizados en el reparto europeo, deben de establecerse criterios y guías para que las CC.AA. tengan un marco de intervención y aplicación de programas de ahorro y reducción de emisiones, que vayan de una forma coherente hacia el cumplimiento del objetivo del 15 % nacional y den líneas para que los diversos programas regionales de lucha contra el cambio climático lo hagan en la estrategia del tratado de Kyoto, más allá de la sola convicción política.

III.- Propuestas de Futuro

En el cumplimiento de los objetivos de Kyoto para España, no todas las propuestas tienen valor. Últimamente hay sectores que han querido ver en la energía nuclear una alternativa frente a los combustibles fósiles. Desde aquí, sin embargo desestimamos esta alternativa como irreal. La energía nuclear sólo representa un porcentaje muy pequeño del actual parque de centrales de generación de energía eléctrica en España, más pequeño que las actuales renovables y su dimensión y alcance es escaso, aparte de no servir fuera del sector eléctrico. Sin embargo los problemas asociados a la misma en cuanto a dependencia energética y escasez de combustible nuclear se acrecentarían con respecto al petróleo, por no hablar del problema no resuelto de la gestión y almacenamiento de residuos radiactivos, que comprometerían la seguridad ambiental de muchas generaciones venideras. Finalmente, son muy costosas de construir y operar, con crecientes necesidades de seguridad por la amenaza constante que suponen para la población y tecnologías que necesitaríamos importar, pues no desarrollamos en España. El elocuente caso de Francia, que se ha decantado, a pesar de su tecnología y apuesta nuclear propia, por diseñar y construir, junto con la Comisión Europea, una red de centrales renovables en los países ribereños del mediterráneo, en lugar de una de minicentrales nucleares, como en principio se pensaba, muestra que las renovables son una apuesta segura y eficaz de futuro, frente a la obsolescencia e inseguridad de la opción nuclear.

Otras alternativas son de momento iniciativas tecnológicas en estudio para seguir apegados a las viejas fuentes de energía, como el carbón. El secuestro de CO2, es decir su captura y depósito en AGP (Almacenamientos Geológicos Profundos), es una tecnología sin desarrollar, sin evaluación de costes y sin medición de eficacia. Los riesgos y costes del propio almacenamiento en capas profundas de CO2, que no aseguran su liberación posterior, son desconocidos. Y todo ello para capturar en “boca de chimenea” el CO2 emitido por un carbón que importamos masivamente para quemar en centrales térmicas. Dado que el carbón es un gran productor de CO2, cuyas emisiones triplican casi a las emitidas por el gas natural, por ejemplo, por unidad energética producida, es sencillamente sorprendente que aún sigamos contando con un gran parque generador de carbón, a pesar de sus elevados costes ambientales. Más aún teniendo en cuenta el gran parque de centrales de ciclo combinado a gas natural entrado en funcionamiento en los últimos años. Debería ser una tarea prioritaria la reconversión de todos los grupos de carbón en centrales renovables, lo que redundaría de forma inmediata en un gran descenso de nuestras emisiones y en un acercamiento notable a los objetivos de Kyoto para España. Ello, haciendo compatible esta necesidad con una política de empleo racional y previa, de modo que esta reconversión no incida negativamente en el sector laboral.

En ejecución del Plan de Acción de Bali sobre los preparativos de Kioto2, hay que adoptar las medidas imprescindibles del Ahorro y la Eficiencia Energética y la de un incremento sustancial del aporte de las Energías Renovables al mix energético español. En estos capítulos la guía deben ser los objetivos europeos de la cumbre de primavera 2007, del triple-20, 20 % de ahorro energético, 20 % de disminución de emisiones (10 % de disminución para España con respecto a 2005), y 20 % de aporte de renovables, para el año 2020, a la estructura de la energía primaria. Pero en algunos de ellos, como la producción renovable, nuestro objetivo puede y debe ser más ambicioso. Como hemos dicho antes, por recursos, capacidad y tecnología estamos en condiciones de marcar el camino a Europa.

Para el primero de los objetivos será necesario el desarrollo de legislación al respecto, una Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética, junto con desarrollos normativos y reglamentarios que hagan efectiva la implicación y participación ciudadana en esta tarea. Incentivar los ahorros y penalizar los derroches energéticos es una tarea, que, medidamente, entendemos debe de realizarse. También promover que las diversas administraciones del estado, desde el gobierno de la nación hasta el municipal doten de capacidades e infraestructuras para conseguir estos objetivos de ahorro: con planes de movilidad sostenible, con mejoras en las condiciones de aislamiento y equipamiento energético de las viviendas (certificación energética), o con formas más eficientes de producción, gestión y servicio que redunden en los objetivos de ahorro promovidos. La administración del estado debe ser la primera en dar ejemplo de estas prácticas, promoviendo una normativa de “Buenas prácticas energéticas en la administración”, que sirva como modelo de comportamiento para un uso responsable de la energía en el sector público.

Un reflejo fiscal del ahorro energético es también una adecuada forma de hacer cambiar los hábitos de una sociedad crecientemente consumidora de energía. Por ejemplo desgravando del IRPF la instalación de equipos domésticos de aporte renovable, o gravando viviendas con una certificación energética inadecuada.

Respecto al segundo objetivo, de incremento sustancial de la cuota de renovables en la estructura energética primaria, y reconociendo que el PER 2010 es un primer paso, proponemos ampliar significativamente objetivos y metas con respecto al mismo. La consecución de porcentajes de renovables importantes en el sistema energético deben llevarnos a priorizar tecnologías renovables que estén en consonancia con los objetivos fijados. Las tecnologías eólicas, con planes de extensión para el aprovechamiento del importante recurso eólico marino, y solar termoeléctrica se manifiestan como centrales en la consecución de objetivos de referencia en planes y programas energéticos, y deberán abanderar el nuevo modelo energético.

El aporte de otras tecnologías como la biomasa de generación eléctrica, la minihidráulica, o el biogás, junto con nuevos recursos renovables, como la geotérmica, la mareomotriz o los biocombustibles de segunda generación, también servirán para completar el conjunto de generación renovable. Junto a estas tecnologías, la fotovoltaica y la solar térmica deben de constituirse en equipos domésticos comunes, aportando de forma directa, térmica o eléctrica (con inyección a red o consumo in situ), parte de la energía consumida en residencias, edificios y centros de trabajo. A su vez estas dos tecnologías conseguirán una implicación más directa del ciudadano con la generación renovable, haciéndole partícipe de una gran objetivo común y corresponsable en la reducción de sus emisiones de CO2.

Pero una consideración especial debe darse a las nuevas tecnologías de pilas de combustible de hidrógeno. Libres de emisiones de CO2 es una prometedora tecnología de cambio, con respecto a la era del carbono. La existencia ya en el mercado de equipos consumidores de hidrógeno, desde generadores domésticos de calor y electricidad a automóviles o dispositivos portátiles de energía no esta siendo acompañada por una previsión respecto al establecimiento de una red de generación y distribución del mismo. Intensificar los desarrollos y tecnologías de generación de hidrógeno como formas de almacenamiento renovable de energías discontinuas, cómo la eólica, y la creación de una red de distribución del mismo (hidrogeneras) son pasos necesarios en una carrera tecnológica que otros países sí están realizando. Sin duda este es un tema que por su alcance y apuesta de cambio probablemente requerirá de esfuerzos conjuntos en el seno de la UE, pero de nuevo es un campo donde España puede jugar un papel significativo.

Junto a todo lo anterior es necesario acompasar un cambio en la estructura de la Red Eléctrica. Una red que se ideó y configuró pensando en los centros de generación mediante las tradicionales centrales térmicas o hidráulicas de producción controlada o nucleares de producción constante. Para ello se creo una red arterial poco capilarizada (distribuida) con formas de almacenamiento como las centrales de bombeo para evitar perder la producción energética inyectada en la red y no consumida. Hoy en día, y más en el escenario de futuro, la red deberá acoger regímenes de generación discontinua, densamente distribuidos, y heterogéneos. La previsión de una red adecuada a estas características, con almacenamiento renovable, mediante bombeos, hidrógeno o almacenamiento químico, la previsión de factores de compensación en la red de generación y de holguras de sistema, o la acogida de pequeños productores junto a los grandes debe ser un nuevo reto a abordar.

Junto a ello es necesario dedicar esfuerzos especiales a los mecanismos compensatorios que considera el tratado de Kyoto. En particular los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) que deben de convertirse no sólo en un instrumento para rebajar nuestras emisiones, sino sobre todo en una poderosa herramienta de cooperación al desarrollo (sostenible) de países que, sin desarrollar, si que están ya sufriendo, y sufrirán en el futuro cada vez más, los efectos del Cambio Climático. Destinar una parte importante de los nuevos recursos de cooperación a MDL servirá sin duda para mitigar los efectos del calentamiento en lugares especialmente vulnerables, como África, América latina, o el sudeste asiático.

Finalmente, un cambio en el modelo energético requiere un cambio cultural y educativo en los ciudadanos que usan esa energía. También requiere la educación en los valores de la sostenibilidad, del ahorro de recursos naturales, y especialmente los recursos energéticos, de cuidado con el medio natural y de comprensión de los efectos de sus pautas de comportamiento y de consumo. El cambio ha de ser gradual, pero deberá empezar por los más jóvenes, en la escuela y en los hogares, a través de materias como Enseñanza para la Ciudadanía y otros medios pedagógicos específicos que puedan implantarse. Y el cambio de valores debe de expandirse al resto de la sociedad, a través de programas educativos, difusión pública de valores y erradicación de malas prácticas. Deben de ser los gobernantes y los líderes públicos quienes muestren, en primer lugar, con su acción ejemplar, cuales son los modos de comportamiento responsables con nuestro planeta y con nosotros mismos y nuestros hijos, y cuales trasgresores con nuestro patrimonio común. De ello depende nuestro futuro.

INFOMEDIO agradece a Juan Manuel de Faramiñán Gilbert por esta colaboración.